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La víctima, Juan Miguel Pizarro, impactó contra elguardarraíl situado en el margen de la vía de la GI-682 en Tossa de Mar (Girona) en abril del 2000 y quedó parapléjico. Según ha explicado el abogado que le representa, Sebastián Martínez Farriols, la sentencia del Tribunal Supremo que condena a la Direcció General de Carreteres crea jurisprudenciaporque es la segunda de este tipo en España que responsabiliza a la Administración de no eliminar de la red viaria estos peligrosos soportes. La primera condenó al Ministerio de Fomento.

Juan Manuel P.B. circulaba con su moto por el punto kilométrico 29 de la carretera de Tossa a Blanes, a una velocidad que los peritos de la defensa cuantificaron entre los 37 y 57 kilómetros hora, cuando se cayó y su espalda impactó contra uno de los postes que aguantaban el guardarraíl.

Un primera sentencia se basó en el atestado que hicieron los Mossos d'Esquadra para decir que el conductor pilotaba su moto a una velocidad inadecuada, al marcar esa curva los 40 km/h recomendados y tener la vía una limitación de 90 km/h, y aseguraba que la responsabilidad del accidente recaía en el conductor.

Ahora, el alto tribunal ha aceptado el recurso del motorista reconociendo que la responsabilidad de la lesión recae en un 50% en su conducción y en otro 50% en la administración encargada de garantizar la seguridad de la vía, entendiendo que hay una relación de causalidad entre el tipo de guardarraíl con el que impactó y la lesión. La víctima se ha mostrado muy satisfecho por la sentencia, que obliga a la Generalitat de Catalunya a pagar 319.000 euros, y ha invitado al colectivo de motoristas a reclamar en el caso de que choquen contra estos barrotes del margen de la vía, conocidos popularmente comoquitamiedos.


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No a los guardarrailes asesinos

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